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 El 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos impuesto por la Unión Europea: Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de datos. Es una ley de aplicación directa y que permite a los países adaptar la ley a sus necesidades. La nueva normativa permite que la persona que sea la encargada de gestionar y tratar esos datos de carácter personal facilite cierta información al interesado: para qué se van a tratar sus datos y cómo puede ejercitar sus derechos ante la autoridad y organismos competentes. La vocación de la norma es garantizar la aplicación de los derechos y libertades de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal. El interesado puede solicitar una dirección de correo electrónico a la persona en cuestión que le deje acceder de forma muy sencilla y simple a su información. Esto último es un imperativo de la nueva ley. De esta forma, se exige una demostración inequívoca de que el sujeto concede el uso de sus datos. Quedando sin validez la manifestación tácita, las casillas marcadas por defecto en los contratos y el silencio del interesado tomado como asentimiento.

El nuevo Reglamento incluye medidas como la implantación de sistemas de cifrado y de doble factor de autentificación. Aquí en España se aplica a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos que da a las empresas dos opciones:

-Opción de cifrado. A través de la utilización de herramientas que facilitan el cifrado de portátiles, dispositivos extraíbles, correos electrónicos y archivos de empresa.

-A través de mecanismos como la esteganografía o el espectro ensanchado que garantiza que la información sea ininteligible para terceros.

Con la nueva normativa, todas las empresas estarán obligadas a comunicar las brechas de seguridad que pudieran llegar a producirse. Además, será obligatorio comunicar los detalles del fallo a las personas que pudieran verse afectadas.

La ley es aplicable a todas las empresas que gestionen datos de residentes en la UE. Se prevén sanciones de hasta 20 millones de euros.

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